Impulsada por la Comisión Europea, la federación EGI (European Grid Initiative) es la mayor infraestructura digital del mundo destinada a compartir recursos informáticos en todas las disciplinas para el desarrollo científico. En 2021, más de 1700 investigadores españoles gestionaron, almacenaron y compartieron datos a través de los servicios de EGI para generar más de medio millar de artículos científicos en áreas como el cambio climático o el genoma del SARS-CoV-2.

Un equipo formado por cuatro investigadores e investigadoras del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETCC), del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, se ha trasladado esta semana a la isla de La Palma para analizar los posibles daños sufridos en la cimentación de las viviendas ubicadas a menos de 5 kilómetros del volcán de Cumbre Vieja.

Una empresa surgida del CSIC ha desarrollado un método basado en nanotecnología que permite mejorar el etiquetado de productos para impedir su falsificación. La tecnología consiste en controlar la nanoestructura de los elementos impresos en la superficie del producto, teniendo en cuenta su orientación molecular y la composición de los materiales. La idea es que el elemento de seguridad estampado sólo se revele cuando se observa con un sistema de polarización sencillo, como una cámara de teléfono móvil, mientras que permanece invisible a simple vista.

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) publica su nuevo Código de Buenas Prácticas Científicas (CBPC) con una edición más completa y revisada que se ha presentado hoy y que sustituye a la anterior, de 2011. El nuevo Código desarrolla los aspectos del trabajo científico, entre los que destacan los que atañen a la investigación con seres humanos, con animales y a la seguridad y la salud de los investigadores y del resto de la sociedad, así como la protección del medio ambiente.

El proyecto SECREDAS, integrado por 69 entidades de 16 países europeos, ha puesto en marcha un trabajo de investigación e innovación financiado con 50 millones de euros (mediante un consorcio público-privado ECSEL impulsado por la Unión Europea, que financia la innovación en sistemas y componentes electrónicos) para desarrollar una tecnología de referencia para sistemas automatizados seguros, que respeten las nuevas regulaciones de protección de datos.