ciencia en democracia

Ciencia en democracia

A finales de 1977, recuperado ya el sistema democrático en España, se publica un nuevo reglamento que supone una ruptura con la etapa anterior y se convierte en el texto sobre el que se han articulado todas las reglamentaciones posteriores.

Las finalidades que fija su preámbulo son las siguientes: flexibilizar la rigidez administrativa que afectaba al Organismo; articular la participación del personal en los distintos niveles de decisión;  realizar una reforma desde abajo para reestructurar las unidades básicas de investigación; hacer compatible una gestión administrativa unificada con un respeto a la diversidad de especialidades y de institutos.

Se trataba de un texto de mayor extensión que sus precedentes en el que las funciones del Organismo quedaban explicadas de forma más detallada, y con algunas modificaciones significativas. Se había pasado de la responsabilidad de desarrollar la investigación a la de participar en la elaboración de la política científica, a la cual debería ajustarse, y fomentar las relaciones científicas tanto interiores como exteriores.

Además de estas se mencionaban otras, que le estaban asignadas desde su creación, como las de ejecutar investigaciones o formar personal investigador y técnico, Uno de los aspectos en los que se insiste es en el de la relaciones con las Universidades, a fin de rentabilizar los recursos existentes, y el de colaborar con las entidades regionales y locales.

Desde el punto de vista jurídico quedó definido como un “organismo autónomo del Estado”. Las mayores innovaciones descansaban en los órganos de gobierno en los que se incluía la participación del personal. Se crearon dos comisiones con funciones asesoras (Comisión Científica y Comisión Económica) en las que se integraban vocales electos pertenecientes a distintos grupos funcionariales.

Ambas comisiones designaban a su vez representantes para formar parte de la Junta de Gobierno, en la que descansaba la mayor parte de las decisiones de la política del Organismo, al configurarla como el órgano ejecutivo.

El mismo esquema participativo se extendía a las unidades menores (Institutos y Centros).

El perfil democratizador, propio de aquellos años queda patente al señalar que se consideraba “elemento esencial en una comunidad científica la prioridad de los criterios y la responsabilidad de los investigadores en la organización, orientación y funcionamiento del Organismo”; que los institutos, grupos de trabajo etc. debían regirse por “los métodos de trabajo propios del campo de la ciencia en que se desenvuelven”; que toda la gestión debería estar presidida por el principio de la transparencia; y que se trataba de institucionalizar “la crítica como instrumento esencial de fomento del quehacer científico”.

La nueva realidad política y científica española, plasmada en el incremento de la capacidad investigadora de las Universidades y de la descentralización autonómica, imprimió un nuevo rumbo a la actividad del CSIC, que inició la colaboración con otras entidades sobre dichos principios. Sobre tales presupuestos se establecieron colaboraciones que dieron lugar a la creación de numerosos institutos mixtos por toda la geografía española.

Las importantes transformaciones sociales de los años siguientes y especialmente la modificación del marco jurídico de la investigación española a través de la Ley de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica, hacían necesaria una adecuación de las estructuras y normativas del CSIC a la nueva realidad. Por ello se trató de compatibilizar los principios de representación con “los cambios derivados de la evolución científica y tecnológica”.

En fechas muy recientes la situación jurídica del CSIC ha sufrido una importante transformación. Un Real Decreto de 21 de diciembre de 2007 lo ha transformado en agencia, situación jurídica creada para posibilitar un funcionamiento “con una mayor agilidad y autonomía”. Para responder a dicha necesidad se ha articulado un texto que permita una adaptación fácil a los continuos cambios que se experimentan en la sociedad y muy especialmente en el campo de la generación de conocimiento y de su conversión en elementos de desarrollo y bienestar social; y cuyo desarrollo quede en manos de los órganos rectores de la propia Institución.

Para llevar adelante este proyecto se han definido dos elementos importantes: la definición de una Presidencia “con carácter ejecutivo”, y sobre todo la articulación de la actividad de acuerdo con un contrato de gestión, basado en los principios de calidad, transparencia y evaluación.
 

Plan de Actuación

La estrategia de la institución de 2014 a 2017 [+]

Noticias
Agenda